Foto: ©Milena Villalba
El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) abordó la reflexión desde la disciplina de la Arquitectura en dos jornadas monográficas: una inicial titulada “Testimonios y Ponencias” (08/04/2025) y una segunda enfocada en las “Agendas de Reconstrucción” (23/07/2025).
La PRIMERA JORNADA se propuso compartir las vivencias de los/as protagonistas, recopilando testimonios y reflexiones personales de arquitectos/as y urbanistas. Se abordó el impacto de la crecida sobre las ciudades.
La jornada la dirigió Francisco Juan Vidal, arquitecto y coordinador de la iniciativa “Espacio Catarsis-COACV”. En la apertura, intervinieron el decano del COACV, Salvador Lara Ortega; la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV), Marina Sender Contell; y el director general de vivienda (Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda – GVA), Juan Antonio Pérez Sala. Destacaron el papel de los arquitectos voluntarios frente a la emergencia, así como la coordinación y la colaboración institucional entre la Administración y el COACV, con el soporte ejecutivo del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE-GVA).
La primera iniciativa de un voluntariado organizado la promovió el CTAV, involucrando a más de 150 profesionales. Después de registrar unas 5000 incidencias en 11 municipios, se evaluó la afección observando un 5% de edificios en ruina y en torno a un 20% de edificios con daños graves. El 75% restante apenas sufrió afecciones menores, lo que demuestra la consistencia del parque edificado como primer lugar seguro donde refugiase.
Los técnicos municipales de algunos municipios afectados (Paiporta, Catarroja, Alfafar, Picanya, Sedaví, Massanassa), habiendo vivido la emergencia en primera persona desde el punto de vista facultativo, señalaron aspectos críticos como: el colapso inicial de servicios e infraestructuras básicas (luz, agua, comunicaciones); la ausencia de mando y coordinación institucional frente a la catástrofe; la escasa operatividad de los planes de emergencia; la carencia de alertas eficaces; la nula interiorización social del riesgo…
Entre los agravantes del impacto, también identificaron situaciones como: la falta de una visión supramunicipal en la planificación; el exagerado crecimiento urbano en la zona; los múltiples sistemas generales de comunicación, alineados en dirección transversal a la corriente; la falta de integración, en los planes y normas locales de planeamiento, de las prevenciones establecidas en los planes sectoriales de acción territorial; los desfases entre lo previsto en la normativa sectorial y la magnitud real del suceso; el abundante uso residencial de plantas bajas; el uso excesivo de la vía pública como aparcamiento de vehículos…
Todos coincidieron en destacar la importancia de la acción rápida por parte de los/as arquitectos/as municipales, por su competencia para reactivar la operatividad de los servicios básicos en momentos críticos, pero también la empatía y proximidad humana que aportaron a los/as afectados/as en situaciones de angustia.
Entre las propuestas, reclamaron: una normativa específica para la gestión de catástrofes; mecanismos de coordinación supramunicipal; y una planificación territorial transformadora que, más allá de reconstruir, se anticipe a los desastres estableciendo una estructura urbana segura, resistente a las avenidas.
Por otra parte, se manifestó una preocupación generalizada por el previsible colapso administrativo de los ayuntamientos, obligados a gestionar cuantiosas ayudas, concedidas para la recuperación, con unos medios dimensionados para gestionar presupuestos muy inferiores.
Por su parte, los arquitectos que actuaron como inspectores los días posteriores a la riada, constataron la pertinencia de la inspección temprana para aportar certidumbres a la ciudadanía y evitar desalojos masivos innecesarios.
Reconocieron que, en el proceso de inspección, las prioridades iniciales, más enfocadas a asegurar la estabilidad de los edificios para evitar siniestros, fueron evolucionando para acabar evaluando los daños susceptibles de declaración en las solicitudes de ayudas. Coincidieron en afirmar que los problemas de seguridad estructural afectaron, fundamentalmente, a edificios localizados en implantaciones de alta vulnerabilidad y que, en general, los edificios históricos se comportaron mejor que los nuevos.
En la mesa de debate se presentaron, entre otras, las siguientes propuestas: la elaboración de guías claras para la rehabilitación de edificios afectados; la promoción de campañas de concienciación sobre riesgos; la aplicación de protocolos claros de actuación; aprovechar la toma de conciencia colectiva sobre la situación de vulnerabilidad para inducir cambios de conducta en la ciudadanía; la creación de una entidad supramunicipal con competencias para la gestión del riesgo hídrico.
En el CIERRE de la jornada, el decano del COACV señaló la importancia de disponer, en los presupuestos públicos, de partidas presupuestarias específicas para la atención de catástrofes. Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llosera, elogió la respuesta del colectivo de arquitectos, muy vocacional, tanto en su perfil profesional como en su dimensión humana, e hizo una llamada para actuar con pausa y criterio en los procesos de reconstrucción, sin perder nunca de vista la identidad local, los valores culturales y la calidad arquitectónica.
Tras las reflexiones de esta primera sesión, la SEGUNDA JORNADA se enfocó sobre el cómo actuar, sentando las bases para una reconstrucción transformadora que minimizara los efectos en caso de que volviera a ocurrir.
La jornada la dirigió la subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), Sonia Hernández Partal, y contó con la participación de técnicos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Transición Ecológica, de la UPV, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Oficina Española del Cambio Climático, del Ministerio de Política Territorial y del IVE, así como técnicos, alcaldes y alcaldesas de ayuntamientos afectados y representantes tanto del COACV como del CSCAE.
En la apertura, intervinieron el decano del COACV, Salvador Lara Ortega, y la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del MIVAU, María Teresa Verdú Martínez.
En la presentación de la POLÍTICA de las Agendas Urbanas españolas, que engloban las Agendas de Reconstrucción, se informó de la posibilidad que ofrecen para acceder a líneas de ayuda de la Unión Europea: los fondos solidarios para situaciones de catástrofe (de carácter inmediato, pero poco flexibles); o los fondos de cohesión FEDER, que permiten ampliar el alcance de la financiación, tanto en cantidad (hasta el 100%) como en propósito (no sólo para la reconstrucción).
Como aspiración, se pretende garantizar la coordinación en todo el proceso, poniendo los medios al servicio del territorio, con una visión supramunicipal e intersectorial, empezando a trabajar con los ayuntamientos: desde abajo.
Las Agendas de Reconstrucción, debiendo atender los requisitos que marcan las reglamentaciones de los fondos FEDER, imponen unos plazos limitados y obligan a actuar con celeridad.
En cuanto a las medidas para la REDUCCIÓN DEL RIESGO HÍDRICO, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se señaló la importancia de la planificación en materia de prevención del riesgo de inundación. Se describieron las tres fases previstas en la legislación específica (RD 903/2010): evaluación preliminar; generación de cartografías (mapas de peligrosidad y mapas de riesgo con diferentes periodos de retorno); y redacción de planes de gestión de riesgo, que incluyen los programas y los periodos de revisión.
Tras lo sucedido con la DANA de octubre de 2024, se advirtió la necesidad de un plan adicional de contingencia, concebido como un anticipo del plan de gestión del riesgo de inundación.
Dicho plan, de carácter supramunicipal, se divide en dos bloques de medidas: 1) las obras de emergencia, necesarias para la restitución del dominio público hidráulico; 2) las acciones de prevención (incorporación de las zonas inundables en de los instrumentos de ordenación urbanística, modificaciones normativas con la idea de que sean más estrictas en las limitaciones de los usos en zonas inundables), preparación (mejoras de los sistemas de predicción y alerta), y protección (medidas que estén encaminadas a la reducción de la peligrosidad): las tres “pes”.
En lo relativo a la ADAPTACIÓN AL RIESGO, desde la Oficina Española del Cambio Climático se señaló la necesidad de tener en cuenta los futuros efectos del Cambio Climático en la elaboración de propuestas de recuperación. Recordó las tres componentes del riesgo: peligrosidad; exposición; vulnerabilidad. Respecto a esta última, destacó la importancia de fomentar una “cultura del riesgo” entre la población, especialmente la más vulnerable, garantizando su capacidad de responder autoprotegiéndose.
Respecto a la RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDIFICADO, desde el IVE-GVA se incidió en la necesidad de partir de un diagnóstico claro y en la oportunidad para innovar, a partir de lo aprendido. También apuntó la necesidad de propiciar una coordinación supramunicipal, entre otras cosas, para reubicar los edificios que ya no se podrán reconstruir en el mismo lugar (planes de riesgo de inundación).
Representantes de ayuntamientos de algunos municipios afectados (Alzira, Almussafes, Catarroja, Paiporta, Massanassa, Mancomunidad del Interior Tierra del Vino), en relación con las Agendas Urbanas, señalaron que: los municipios de menos de 10.000 habitantes no pueden desarrollarlas solos y han de aliarse con otros/s; la oportunidad para disponer de proyectos que abarquen el territorio, más allá de los municipios; la gobernanza y la participación, implicando a la población, como uno de los aspectos más novedosos; la pertinencia de acciones encaminadas a recuperar el tejido social y la “vida” de las personas; la alternativa al vehículo privado (agravante de los efectos) en un transporte público eficiente y bien planificado que ofrezca un buen servicio de movilidad; la necesidad de disponer de nuevo personal cualificado, para su gestión, y de dotar a sus técnicos de seguridad jurídica; la posibilidad de recurrir a la colaboración público-privada.
En el CIERRE de la jornada, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura invitó a todos los actores a aprovechar la tragedia como una oportunidad para mirar al futuro. El decano del COACV manifestó su confianza en la colaboración público-privada, como fórmula para resolver los problemas de gestión administrativa en estos procesos. Por su parte, la presidenta CSCAE, destacó la importancia de que estas agendas se gestionen desde la perspectiva interdisciplinar e integradora de los/as arquitectos/as, y señaló la necesidad de reflexionar, aprovechando la reconstrucción como una oportunidad colectiva.